Escrito por: Boris
Henríquez, Dirigente Nacional, ANFUP[1].
24.07.2014.
Muchos seguramente dirán que instalar nuevamente la
discusión sobre la existencia o no en nuestro país, de establecimientos penales
especiales para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, es decir,
graves crímenes sobre violaciones a los DD. HH. cometidos especialmente bajo la
dictadura militar, es una cuestión del pasado, y que lo mejor que podemos hacer
es avanzar hacia una especie de reconciliación
forzada, a costa de olvidar (especialmente las victimas) los trágicos hechos
ocurridos bajo la dictadura, ya que en último caso, los culpables están
condenados y presos.
Sin embargo, la Cámara de Diputados, en especial los de la “Nueva
Mayoría” y algunos independientes, acaban de aprobar y enviar a la Presidenta de la República , un Proyecto
de Acuerdo, solicitando no solo el cierre del Penal de Punta Peuco, sino que
también, “despojando a estos reos de su rango y sueldo,
retirando además sus fotografías e imágenes de los cuarteles militares”, señalan.
Pero el tema del cierre de la
Cárcel de Punta Peuco no es nuevo. Es más, nuestra
asociación, la ANFUP[2], así
lo hizo ver en Cesión Especial de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, en
enero del año 2011, con ocasión del incendio de la Cárcel de San Miguel. Nuestra
organización venía denunciando la crisis carcelaria, derivada principalmente de
los altos índices de hacinamiento, ante un Estado que no tenía ni tiene
respuestas para enfrentar el problema carcelario; denunciábamos entre otras
cosas, los privilegios que en democracia ostentan los condenados por crímenes
de lesa humanidad, en comparación a los presos por delitos comunes, quienes deben
sobrevivir a un régimen penitenciario desgastado y colapsado en toda su
expresión. En suma, proponíamos ya en ese tiempo el cierre de estos
establecimientos penales privilegiados como era la “Cárcel” Cordillera[3] y
Punta Peuco[4],
y que como tales, se transformaran en centros de reclusión para reos comunes, contribuyendo
de esta forma a descongestionar los demás establecimientos penales. Incluso proponíamos
la transformación de éstos, en Centros de Reinserción o Centros de Educación y
Trabajo, de tal manera que fueran una contribución efectiva a la rehabilitación
de los internos.
Es importante reafirmar que no basta con el cierre de estos
establecimientos penitenciarios, por cuanto es evidente la falta de
infraestructura carcelaria que tiene nuestro país, sin embargo, sí pueden ser
utilizados de la manera que lo venimos sosteniendo como ANFUP, esto es, en
centros especiales de reinserción, para internos condenados por delitos
comunes.
Sin embargo, nada de ello se ha concretado, y solo el 26 de septiembre de
2013, el Gobierno del Sr. Piñera, anunció el cierre del Penal Cordillera,
tomando en cuenta tres principios, “el de
igualdad ante la ley, seguridad de los internos, y el normal y más eficiente
funcionamiento de Gendarmería”. Algo parecido se espera que ocurra en la actualidad
con el cierre del Penal Punta Peuco, ahora a manos de la actual Presidenta de la República , especialmente
cuando quienes conformaban la oposición en ese tiempo, celebraban la decisión
del entonces Presidente.
Pero más importante que las razones esgrimidas por el Gobierno de la
época, cuando decidió cerrar el Penal Cordillera, que por cierto pueden ser
consideradas legítimas, es aquella que dice relación con la responsabilidad que
tiene un Estado y especialmente un Gobierno democrático, de entregar una señal
para el futuro
de las generaciones, respecto al
irrestricto respeto que debe tener nuestro país en materia de Derechos Humanos,
independiente de la calidad que ostenten sus nacionales, y que de transgredir éstos,
el Estado actuará decididamente, garantizando la total persecución penal y el
castigo a los criminales, sin concesiones de ninguna naturaleza, como aquellas
que se entregaron en su época, y que tan cuestionables, hoy nos parecen.
[1] ANFUP, Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. Fundada en
1960. Es la organización sindical más grande e histórica de Gendarmería de
Chile. Incorpora a funcionarios uniformados y civiles, sin distinción de
Plantas. Está adscrita a la ANEF, y por su intermedio a la CUT.
[2] Por la ANFUP , expusieron los
Dirigentes Nacionales, Oscar Benavides y Boris Henríquez.
[3] El centro
penitenciario, emplazado al interior del comando de Telecomunicaciones del
Ejército, fue creado mediante el decreto 956, el 22 de noviembre de 2004,
bajo el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos.
[4] El penal Punta
Peuco fue creado por un decreto del 14 de junio de 1995, durante el gobierno de
Eduardo Frei, para que cumplieran reclusión el general (R) Manuel Contreras y
el brigadier Pedro Espinoza, tras ser condenados por el asesinato del ex
canciller Orlando Letelier.
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