Muchos seguramente dirán
que instalar nuevamente la discusión sobre la existencia o no en nuestro país,
de establecimientos penales especiales para personas condenadas por delitos de
lesa humanidad, es decir, graves crímenes sobre violaciones a los DD. HH.
cometidos especialmente bajo la dictadura militar, es una cuestión del pasado,
y que lo mejor que podemos hacer es avanzar hacia una especie de reconciliación
forzada, a costa de olvidar (especialmente las victimas) los trágicos hechos
ocurridos bajo la dictadura, ya que en último caso, los culpables están
condenados y presos.
Sin embargo, la Cámara de
Diputados, en especial los de la “Nueva Mayoría” y algunos independientes,
acaban de aprobar y enviar a la Presidenta de la República, un Proyecto de
Acuerdo, solicitando no solo el cierre del Penal de Punta Peuco, sino que
también, “despojando a estos reos de su rango y sueldo, retirando además sus
fotografías e imágenes de los cuarteles militares”, señalan.
Pero el tema del cierre de
la Cárcel de Punta Peuco no es nuevo. Es más, nuestra asociación, la ANFUP,
hizo ver en Cesión Especial de la Comisión Investigadora de la Cámara de
Diputados, en enero del año 2011, con ocasión del incendio de la Cárcel de San
Miguel. Nuestra organización venía denunciando la crisis carcelaria, derivada
principalmente de los altos índices de hacinamiento, ante un Estado que no
tenía ni tiene respuestas para enfrentar el problema carcelario; denunciábamos
entre otras cosas, los privilegios que en democracia ostentan los condenados
por crímenes de lesa humanidad, en comparación a los presos por delitos
comunes, quienes deben sobrevivir a un régimen penitenciario desgastado y
colapsado en toda su expresión. En suma, proponíamos ya en ese tiempo el cierre
de estos establecimientos penales privilegiados como era la “Cárcel” Cordillera
y Punta Peuco , y que como tales. En la ocasión
expusieron por la ANFUP, los Dirigentes
Nacionales, Oscar Benavides y Boris Henríquez.
Es importante reafirmar
que no basta con el cierre de estos establecimientos penitenciarios, por cuanto
es evidente la falta de infraestructura carcelaria que tiene nuestro país, sin
embargo, sí pueden ser utilizados de la manera que lo venimos sosteniendo como
ANFUP, esto es, en centros especiales de reinserción, para internos condenados
por delitos comunes. Así las cosas redestinar etas dependencias en centros de reclusión para reos comunes, podría
contribuir a descongestionar a descongestionar los demás establecimientos
penales. Incluso proponíamos la transformación de éstos, en Centros de
Reinserción o Centros de Educación y Trabajo, de tal manera que fueran una
contribución efectiva a la rehabilitación de los internos.
Sin embargo, nada de ello
se ha concretado, y solo el 26 de septiembre de 2013, el Gobierno del Sr.
Piñera, anunció el cierre del Penal Cordillera, tomando en cuenta tres
principios, “el de igualdad ante la ley, seguridad de los internos, y el normal
y más eficiente funcionamiento de Gendarmería”. Algo parecido se espera que
ocurra en la actualidad con el cierre del Penal Punta Peuco, ahora a manos de
la actual Presidenta de la República, especialmente cuando quienes conformaban
la oposición en ese tiempo, celebraban la decisión del entonces Presidente.
Pero más importante que
las razones esgrimidas por el Gobierno de la época, cuando decidió cerrar el
Penal Cordillera, que por cierto pueden ser consideradas legítimas, es aquella
que dice relación con la responsabilidad que tiene un Estado y especialmente un
Gobierno democrático, de entregar una señal para el futuro de las generaciones,
respecto al irrestricto respeto que debe tener nuestro país en materia de
Derechos Humanos, independiente de la calidad que ostenten sus nacionales, y
que de transgredir éstos, el Estado actuará decididamente, garantizando la
total persecución penal y el castigo a los criminales, sin concesiones de
ninguna naturaleza, como aquellas que se entregaron en su época, y que tan cuestionables,
hoy nos parecen.
CREACIÓN DE LOS RECINTOS PENALES
ESPECIALES PARA MILITARES:
Se hace presente que el
centro penal de Cordillera se emplazó al interior del comando de
Telecomunicaciones del Ejército, y fue creado mediante el decreto 956, el 22 de
noviembre de 2004, bajo el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos.
El penal Punta Peuco fue creado por un decreto
del 14 de junio de 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei, para que
cumplieran reclusión el general (R) Manuel Contreras y el brigadier Pedro
Espinoza, tras ser condenados por el asesinato del ex canciller Orlando
Letelier
